LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Una nueva oportunidad para fortalecer la institucionalidad del país está por perderse. Todas las reformas para avanzar en la independencia de la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral; contribuir a la conformación de la Corte Suprema de Justicia bajo criterios más técnicos que políticos; otorgar una mayor credibilidad a la elección de otros funcionarios de segundo grado como el Fiscal General de la República, Procurador General y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y aprobar las escuchas telefónicas como un instrumento claro de combate al crimen organizado, simple y sencillamente pareciera no estar en la agenda ni del Presidente electo, ni de las autoridades provisionales de ARENA.

Por el contrario, lo que se afirma es que el "combo" del Fiscal General por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está "cocinado". ¿Adónde quedó el ofrecimiento de los dos candidatos, ahora uno de ellos electo primer mandatario y el otro manteniendo el cargo de líder de la oposición política, acerca de revisar la institucionalidad creada a través de los Acuerdos de Paz, separando las funciones del Tribunal Supremo Electoral, modificando los requisitos para optar a una Magistratura en la Corte Suprema de Justicia, o transformando la Corte de Cuentas en una verdadera Contraloría del Estado, superando el patrimonio partidario que esta última institución ha tenido en los últimos veinte años? ¿Eran sólo ofertas de campaña huecas y simples anzuelos para conseguir votos? Hoy es el momento para demostrar que realmente "el cambio" ha llegado.

Para reformar la Constitución de la República, el artículo 248 de la misma establece: "La reforma de la Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial".

En otras palabras, nos quedan desde hoy hasta el 30 de abril, tres plenarias que bien podrían prolongarse por varios días para tener el tiempo suficiente, si la voluntad política de los partidos políticos existiera, hasta lograr un consenso sobre las reformas a la Constitución a través de las cuales, nuestras instituciones, las de todos los salvadoreños, afincarán sus raíces para consolidar aún más nuestro desarrollo democrático.

En estas sesiones plenarias, únicamente se necesitaría de 43 votos para aprobar las reformas mencionadas y en la próxima legislatura, la que inicia a partir del 1º de mayo, se requerirían 56 votos para su ratificación y entrada en vigencia, por lo que es preferible, si el consenso existiera, que desde la Asamblea actual se aprobaran las reformas con la mayoría calificada que exige la Constitución para su ratificación.

No hay excusas para detener tres años más la revisión de nuestra institucionalidad. Ni ARENA ni el FMLN pueden ni deben poner en riesgo la estabilidad política de nuestro país. Con una crisis económica en ciernes, una situación fiscal complicada, un ambiente de inseguridad pública complicado y unas instituciones débiles, o lo que es peor, proclives a la corrupción, el panorama para el nuevo gobierno no es nada optimista.

¿Qué de izquierda o de derecha tiene transparentar aún más la actividad del Tribunal Supremo Electoral, o exigir que al presidente de la Corte de Cuentas se le elija con 56 votos y no con 43 como extrañamente se reguló en la Constitución, siendo este funcionario del mismo nivel que el Fiscal General o los procuradores o magistrados para cuyo nombramiento se exige mayoría calificada? Lo que se lograría con esta última reforma es el obligado consenso entre los dos partidos mayoritarios para elegir un titular que desarrolle su labor con estricto apego a la Carta Magna.

El "cambio seguro" y la "renovación de ARENA", no finalizan con las señales que hemos presenciado en las últimas semanas, con abrazos entre el Presidente saliente y el entrante, o la gira nacionalista para conocer los reproches de la estructura de Alianza Republicana, que aunque positivas, son insuficientes.

El cambio que todos esperamos está a tan sólo una "levantada de brazo" que los diputados actuales y los que iniciarán sus funciones en mayo, de todos los partidos, deberían realizar en beneficio del país, llevándose consigo el mérito de haber reformado para bien la institucionalidad nacional. Esa es la esperanza que realmente hizo ganar al Presidente electo y la que comprobará que ARENA quiere transformarse y seguir siendo una opción de poder en los próximos quinquenios.

Una reforma más está pendiente de aprobación: la que resuelve el problema constitucional para la entrada en vigencia de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva que ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y depositados por el actual Gobierno de la República a través el Ministro de Trabajo y Previsión Social en la Organización Internacional del Trabajo. Con la reforma del artículo 47, se estaría eliminando el valladar constitucional que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia impide la sindicalización de los empleados públicos.

Eso sí, tal solución debe ir acompañada de la entrada en vigencia de las reformas que se aprobaron en su oportunidad a la Ley del Servicio Civil, en la que cuidadosamente se incorporaron disposiciones que cuidan el equilibrio de las finanzas públicas en el marco de las negociaciones colectivas que realicen los sindicatos en los distintos ministerios.

Si el año 2009 quedará escrito en los anales de la historia como el de la transición democrática, que se agregue entonces un capítulo más, el de la aprobación de la segunda generación de reformas que permitieron la independencia absoluta de las instituciones con el consecuente beneficio que ello representa para todos los salvadoreños.

Luis Mario Rodríguez
Abogado de la República, con maestrías en Ciencia Política y Derecho Empresarial.